Por: Malka Mekler
Durante el primer trimestre del año, la iniciativa CoST Costa Rica fue elegida, junto a las iniciativas CoST de Ucrania, Afganistán y Tailandia, para implementar el Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI), el cual es una herramienta que analiza cuatro dimensiones: marco jurídico, capacidades y procesos institucionales, participación ciudadana y divulgación de la información de los proyectos de obra pública que llevan a cabo las instituciones del gobierno central, autónomas y gobiernos locales.
Para el primer índice se evaluaron 30 entidades que han ejecutado proyectos de obra pública en los últimos años, pertenecientes a la Administración Central y Descentralizada y gobiernos locales. Para este se seleccionaron dos proyectos por institución y la calificación se dio con base en 94 indicadores.
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Dicha investigación se basó en el análisis de las prácticas institucionales y condiciones nacionales que dan lugar a la transparencia y a la rendición de cuentas en el sector de infraestructura pública. La puntuación final de las instituciones evaluadas se publica en forma de índice en una escala de 0 a 100 que clasifica a las entidades o instituciones y brinda una evaluación a nivel nacional por sectores.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Municipalidad de Perez Zeledón y el Instituto Nacional de Seguros (INS) obtuvieron las calificaciones más altas, con un 77,4; 75,7 y 72,0; respectivamente. Las 30 instituciones tienen una calificación promedio de 47,5, del total de instituciones evaluadas tres obtuvieron notas arriba de 70 puntos, dieciséis obtuvieron notas arriba de 50 puntos y las once restantes están por debajo de 48 puntos, lo cual indica que hay un gran margen de mejora institucional para la difusión de la información de los proyectos de infraestructura pública.
A pesar de que existen diversos esfuerzos regulatorios a nivel nacional, el informe concluye que no hay un marco normativo específico integrado que promueva la transparencia, rendición de cuentas y el acceso fácil de las ciudadanía a la información en el sector de infraestructura, por lo que las instituciones no tienen obligaciones ni corren el riesgo de una sanción por no contarse con deberes y responsabilidades claramente establecidos por un proceso institucional explícito.
Destaca que no existe en Costa Rica una plataforma o sistema digital integrado donde se pueda conocer la información de todos los proyectos de infraestructura que están ejecutando, consideran que las fuentes actuales están dispersas, incompletas y desactualizadas.
Adicionalmente, se concluyó que la falta de una norma nacional sobre acceso a la información no facilita ni permite contar con mejores procesos de interacción con la ciudadanía, los procesos institucionales cuentan con algunas capacidades digitales y hay pocos procesos de difusión de información sobre la infraestructura pública que se basen en los estándares internacionales para la publicación de datos de infraestructura como lo son el Infrastructure Data Standard (IDS) de CoST o el Open Contracting for Infrastructure Data Standard (OC4IDS).
La falta de procesos impacta de manera negativa en las oportunidades de participación ciudadana y la poca retroalimentación que reciben las instituciones por parte de los ciudadanos. Sin embargo, las capacidades existentes crean un nivel casi aceptable de divulgación de información institucional.
“También es importante visibilizar que las páginas web institucionales, no sólo son necesarias, sino fundamentales. Son instrumentos de creación de confianza. Dispositivos administrativos como un formulario puede hacer la diferencia entre una mala o buena percepción. No es suficiente colocar información en la página web, hay que promover su conocimiento y uso”, explicó el Máster Douglas Chacón, Coordinador del estudio.
El estudio recomienda hacer una evaluación a nivel de transparencia y rendición de cuentas en el sector de infraestructura pública a lo largo del tiempo, y también es necesario dar seguimiento, fomentar el progreso y facilitar el aprendizaje entres pares, mientras se ayuda a que las instituciones públicas presenten cuentas a las obras que llevan a cabo. Como principal recomendación, consideran indispensable crear o integrar una norma de alcance nacional como un requerimiento formal de información.
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