Por: Arq. Raquel Sánchez, Arquitecta en el Departamento de Programas Habitacionales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Los Asentamientos Humanos Informales corresponden a los “asentamientos que se formaron producto de las llamadas “tomas de tierra”, organizadas o no, los cuales, unos más que otros, con el tiempo ven mejoradas ciertas condiciones, como la infraestructura de las viviendas y el acceso a servicios. Pueden o no tener viviendas de tipo tugurio.” según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2001.
Aunque esta toma de tierra se asocia en el inconsciente colectivo únicamente con vivienda digna, el concepto es más amplio.
El tema de la “carencia vivienda digna” el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2011 generó el concepto de la escasez de vivienda medida por dos clasificaciones diferentes. La primera es el modelo cuantitativo respecto a la vivienda en sí (tipos de materiales, su calidad, la configuración espacial dentro de la vivienda, etc.). La segunda es el modelo cualitativo entendido como la infraestructura necesaria para el asentamiento de los pueblos, a saber; acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores, electrificado y alumbrado público, espacios de circulación como calles y avenidas, áreas de parques, entre otras. (Fuente versión APA: Banco Interamericano de Desarrollo. (2012), “Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe” (Resumen ejecutivo), Washington, D.C.)
En Costa Rica, en el Índice de Pobreza Multidimensional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el 2015, casi una cuarta parte de la población es pobre. Se cree que la razón principal de esta pobreza y carencia de vivienda digna corresponde a la pérdida del poder adquisitivo. Esto debido al aumento del costo de los bienes y servicios en comparación con el lento crecimiento de los ingresos económicos familiares.
Este fenómeno se manifiesta en incremento de inequidad social, evidenciada a través de la agrupación de viviendas de estratos sociales bajos ubicadas en zonas geográficas que carecen de servicios de infraestructura comunitaria.
Se acota, además, que existen dos grandes áreas geográficas de mayor carencia en Costa Rica. La primera rastreable a través de los Mapas de Pobreza elaborados por el INEC, cuya versión más reciente data de 2011. En este mapa se utilizan los métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el de Línea de Pobreza (LP). Este mapa arroja que el cantón de Montes de Oca es el “de menor porcentaje de hogares pobres (6,35%); mientras tanto los cantones de mayor incidencia de pobreza se ubican en provincias costeras y cantones limítrofes, el cantón con mayor incidencia según este método es La Cruz con 57,31% de hogares pobres.” (Fuente)
La segunda es documentada por medio de las bases de datos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto de Desarrollo Rural (Inder) e Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) respecto a invasiones en terrenos gubernamentales. Para los autores Álvarez, Castillo, Roque y Urquiola, del Observatorio Geográfico América Latina, (2012) figuran dos áreas predominantes en los asentamientos informales. La primera consta de tierras demaniales que son aquellas que le pertenecen al Estado y son de uso público. Algunos ejemplos son parques, zonas de tránsito como calles, áreas comunales o área de juegos infantiles.
El segundo grupo está constituido por tierras residuales del desarrollo urbano. Esto es a saber, zonas de reserva, zonas sin infraestructura urbana, zonas de protección ambiental como falda de volcanes, márgenes de ríos, o bien; zonas de alta peligrosidad ambiental como zonas inundables, propensas a deslizamientos, o cercanas a fallas sísmicas. (Fuente)
La dotación de infraestructura y equipamiento urbano es algo que no compete directamente a las familias. Sin embargo, las familias que se encuentren en una situación socioeconómica que comprometa su desarrollo, pueden acudir a un bono de vivienda.
Los bonos de vivienda son subsidios que el Estado brinda una única vez en la vida de la familia.
Existen cinco tipos de bonos:
Compra de lote y construcción.
Construir en lote propio.
Compra de una casa existente.
Construir en lote de un familiar.
Conocido como R.A.M.T., consiste en la remodelación, ampliación, mejora y/o terminación de la casa donde ya se habita.
Todos los bonos están sujetos a las condiciones socioeconómicas de la familia. Para calificar se evalúa tanto la vulnerabilidad social como los ingresos económicos del núcleo familiar completo. Se aclara que para optar por un bono de vivienda se requiere contar con un núcleo familiar. Es decir, una persona sola, salvo excepciones, no podría optar por un subsidio.
El tope máximo del costo de la vivienda bajo un subsidio es de US$76.905,32 Este monto no aplica para todos los estratos sociales.
El ingreso mínimo permitido del núcleo familiar para calificar para un bono es de US$ 462,95. Esto lo hace calificar para un bono de Art. 59, es decir, pobreza extrema. Existen otros bonos, donde ese ingreso puede ser hasta US$2777,67 por núcleo familiar.
Un núcleo familiar que califica para un bono por artículo 59, tiene un subsidio máximo de US$12565,65 para compra de lote y construcción o bien, para compra de una vivienda existente.
Ya que, en el mercado, no se consiguen fácilmente estos precios, las entidades autorizadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para ejecutar el bono ponen a disposición de las familias un sistema llamado bono-crédito. El bono-crédito es un crédito de vivienda, el cual tiene un subsidio del monto aprobado por el Banhvi . Para este sistema, la relación cuota – ingreso es de 30% lo cual quiere decir que la familia debe disponer de casi una tercera parte de sus ingresos mensuales para cancelar el crédito. La única entidad que construye únicamente utilizando el subsidio, sin la utilización de un crédito es el Invu.
Para las restantes 19 entidades autorizadas, se puede utilizar la siguiente tabla:
Es alentador ver cómo en nuestra sociedad, existe la infraestructura logística orientada a dotar de vivienda digna a los menos privilegiados. Sin embargo, no estamos libres de oportunidades de mejora en la aplicación de la normativa existente, la tramitomanía eficaz y eficiente de los casos, y la escogencia de las familias idóneas para ser beneficiados con los programas de vivienda que actualmente el Estado y sus instituciones ofrecen.
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