Si las decisiones del sector eléctrico se encontrarán exclusivamente en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el país completo sufriría un retroceso sin precedentes. Bajo el lema “el ICE es de todos” y la férrea defensa del modelo solidario de los años 80´s, el país ha demorado por décadas la modernización del sector eléctrico.
El Poder Ejecutivo en manos del MINAE ha emprendido un Plan Nacional de Energía, un Plan de Descarbonización, la tan urgente y necesaria actualización del Decreto Ejecutivo 39220-MINAE Reglamento de Generación Distribuida, el proyecto de ley 22.561 para un mejor aprovechamiento del Mercado Eléctrico Regional; y sin embargo, nada de esto se ha traducido en realidad pese a ser propuestas del mismo Gobierno oficialista.
Diputados como Silvia Hernández, actual Presidenta de la Asamblea Legislativa, Paola Valladares, Erwen Masis y Mileidy Alvarado han apostado por proponer los proyectos de ley 22.009, 21.670, 22.446 con una clara visión del futuro, pensando en la transición energética, apostando por integrar la tecnología y promoviendo un marco de seguridad jurídica para todos, no para unos pocos. Sin embargo, una vez más, sanear las finanzas del ICE, promover un nuevo modelo tarifario y la incorporación de los recursos energéticos distribuidos en el sistema eléctrico nacional -pareciera- no ser prioridad en el ICE y apunta sus recursos humanos y financieros en sembrar la duda bajo argumentos sin sustento.
“La situación actual del sector eléctrico es insostenible. La construcción de iniciativas han ido de la mano del diálogo y la negociación entre todos los actores del sector energía, el gran ganador -sin duda- ha sido el costarricense, ese es el eje central de todas las propuestas que el ICE impide -un día sí y otro también- se materialicen en beneficios y oportunidades para los costarricenses y el país. Los usuarios del servicio público han pagado sus facturas eléctricas con prontitud, en tiempo y con sobre costos, el costarricense ha cumplido su parte a cabalidad mientras que el ICE pretende restarle oportunidades, tecnología, acceso, derechos. ¡El costarricense no le debe al ICE, es el ICE quien le debe al país!”, indicó William Villalobos, Director Ejecutivo de la Cámara de Generación Distribuida.
Entre las incoherencias se encuentran
1-“Ruptura del esquema de autoconsumo”: La generación distribuida viene de un concepto más amplio que tan sólo generación de energía eléctrica, es parte de la descentralización donde el usuario asume un rol más protagónico en la administración de la energía. El ICE no quiere darle al usuario el lugar que merece.
2-“No es concordante con la normativa vigente”: Ningún proyecto de ley será concordante con normativa vigente, justamente los proyectos de ley son hechos con el propósito de adaptar la normativa vigente a las condiciones que los países requieren y con este argumento el ICE resta importancia al sistema democrático por el cual los Diputados proponen estos procesos de modernización normativa.
3-“Cambio de las áreas de concesión geográfica de las distribuidoras”: ¡FALSO! Las áreas de concesión de cada empresa distribuidora se mantienen exactamente igual, no hay artículo alguno que habilite a las empresas eléctricas a vender electricidad fuera de su zona de concesión.
4-“Inseguridad jurídica sobre la generación virtual”: Autoconsumo virtual fue una propuesta del proyecto de ley que se eliminó justamente ¡A SOLICITUD DEL ICE! durante las mesas de trabajo constructivas y con participación de actores de todo el sector eléctrico.
5-“Riesgo de afectación en la calidad y la continuidad del servicio eléctrico”: El proyecto otorga a Aresep, Minae y al mismo Cence -área del ICE- la obligación de establecer condiciones técnicas y de seguridad para no perjudicar a NINGÚN costarricense usuario del servicio eléctrico.
“La Asamblea Legislativa camina en la dirección correcta, conociendo iniciativas de ley realmente trascendentes que el país requiere de cara al nuevo modelo solidario del Siglo XXI. Lo peor que nos puede suceder es no regular, por miedo a regular, dado que ello implicaría que los costarricenses sean quienes continúen pagando el alto precio de esquemas regulatorios hoy día por demás superados”, concluyó Villalobos.
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