Infraestructura en Costa Rica: el diagnóstico está claro, pero la ejecución sigue atrapada en ciclos políticos y falta de inversión

Con una inversión de apenas 1.4% del PIB frente al 4% recomendado, el país enfrenta una brecha crítica que impacta competitividad, empleo y crecimiento. Sector privado y organismos multilaterales coinciden en una solución: planificación técnica de largo plazo y mayor protagonismo del capital privado.

En Costa Rica, el problema de la infraestructura dejó de ser un debate técnico para convertirse en una limitación estructural del desarrollo económico. Lo que antes se percibía como congestionamientos o carreteras en mal estado, hoy se entiende como un freno directo a la competitividad, la atracción de inversión y la generación de empleo.

Desde el diagnóstico, hay consenso. Pero el consenso, por sí solo, no construye carreteras ni moderniza puertos. Según explicó Gustavo Adolfo Ortiz, Oficial Senior de Inversiones en Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, el país enfrenta una brecha crítica: debería invertir alrededor del 4% de su PIB en infraestructura, pero en 2023 apenas alcanzó el 1.4%.

La diferencia no es menor. Implica que Costa Rica tendría que prácticamente duplicar su inversión actual para acercarse a estándares internacionales. El problema, sin embargo, no es únicamente fiscal. El país arrastra un nivel de endeudamiento cercano al 60% del PIB, con aproximadamente el 40% del presupuesto destinado al servicio de la deuda. En ese contexto, aumentar el gasto público en infraestructura resulta limitado, lo que abre inevitablemente la puerta a otro actor: el sector privado.

Ortiz lo plantea sin ambigüedades. La única vía viable, siguiendo ejemplos de países como Chile o Colombia, es atraer inversión privada mediante esquemas como las asociaciones público-privadas. El Estado, en este modelo, se concentraría en mantenimiento y en proyectos que no resulten atractivos para capital privado por su riesgo o escala.

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Pero incluso ese camino tropieza con una barrera más profunda: la gobernanza.

Durante los últimos 30 años, Costa Rica ha tenido 19 ministros en el área, lo que implica una rotación promedio de apenas año y medio. Cada cambio redefine prioridades, reconfigura proyectos y, en la práctica, reinicia procesos.

El resultado es una acumulación de iniciativas inconclusas y una pérdida sistemática de continuidad. El caso del tren eléctrico, con 14 versiones sin ejecución, se ha convertido en símbolo de esta disfunción.

Para Ortiz, el problema es conceptual. Sin planificación técnica independiente del ciclo político, cualquier modelo de financiamiento está condenado a la ineficiencia. Desde el sector empresarial, la lectura es complementaria, pero igual de crítica. Maritza Hernández Castañeda, presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, insiste en que el país ya no puede seguir orbitando el diagnóstico. “Sabemos dónde están los problemas, ahora necesitamos saber qué va a pasar en cuatro años”, plantea.

Su enfoque apunta a algo que históricamente ha faltado en la gestión pública costarricense: continuidad estratégica más allá de los ciclos de gobierno.

La infraestructura, subraya Hernández, no es solo carreteras. Incluye puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y sistemas de agua. Es, en esencia, la columna vertebral de la competitividad. Su deterioro o atraso impacta directamente sectores como turismo, salud y comercio.

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Los ejemplos son concretos. El puerto de Caldera, clave para el manejo de graneles, enfrenta niveles de saturación que afectan el abastecimiento. La ruta 32, principal conexión con el Caribe, sufre cierres recurrentes que paralizan el flujo de mercancías. La ruta 27 y la ruta 1 también figuran entre las prioridades urgentes.

No se trata solo de logística. Cada interrupción tiene efectos en cadena sobre costos, tiempos de entrega y, en última instancia, empleo. “El pueblo de Costa Rica no se merece esperar 50 años por un proyecto”, advierte Hernández, en referencia a la lentitud histórica de ejecución. La cifra no es retórica. Resume décadas de procesos extendidos, apelaciones, rediseños y falta de coordinación institucional.

Frente a este escenario, el sector empresarial plantea una postura más activa. No solo busca participar en la ejecución, sino también en la supervisión y validación de prioridades. La propuesta es clara: que los proyectos respondan a necesidades reales del país y no a agendas políticas de corto plazo.

Este cambio de rol también redefine la relación con el Estado. Según Hernández, ha existido apertura por parte de las autoridades actuales, particularmente en proyectos específicos como Barranca-Limonal o el Valle de la Estrella. Pero el objetivo va más allá de la colaboración puntual.

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Lo que se busca es institucionalizar un modelo de trabajo conjunto donde el sector privado no sea un actor periférico, sino un co-diseñador del desarrollo. En el fondo, ambas visiones, la técnica del BID y la empresarial de UCCAEP, convergen en un mismo punto: Costa Rica necesita romper con la lógica de ciclos cortos y construir una estrategia de infraestructura de largo plazo.

Eso implica decisiones incómodas. Ceder protagonismo al capital privado, crear entes técnicos independientes, blindar proyectos del vaivén político y aceptar que no todo puede resolverse en un solo periodo de gobierno. También implica algo menos tangible, pero igual de crítico: cambiar la cultura de gestión pública.

Porque, como sugiere el propio diagnóstico, el problema ya no es identificar qué falta. Es ejecutar, con consistencia, lo que el país lleva décadas planeando.