El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) manifestó su preocupación por las condiciones de la infraestructura vial del país y consideró que el reto es alcanzar, por lo menos, la construcción de 47,500 kilómetros de nuevas carreteras y autopistas.
El informe se presentó a través del Observatorio del Presupuesto, en el que indicaron que el cálculo del déficit de carreteras corresponde a 3.1 metros de construcción por cada 1,000 habitantes. Además, indicaron que es necesario dar mantenimiento, rehabilitación, construcción y bacheo al 83% de la red vial que ya existe, de lo contrario la situación en el país podría empeorar.
“La inversión en carreteras es un tema que debe de preocuparnos de forma permanente, no solo cuando hay lluvias o coyuntura de un hundimiento, derrumbe o mantenimiento de una carretera“, manifestó Hermann Girón, presidente del Cacif, quien propone la creación de un semáforo para establecer las condiciones de la red vial a nivel nacional.
Según el Observatorio del Presupuesto, el Gobierno tiene una programación de casi 1,500 proyectos, los cuales serán ejecutados, en su mayoría por los Consejos de Desarrollo (82%), el Ministerio de Comunicaciones (49%) y el Ministerio de Desarrollo Social (3%)
Sin embargo, Girón consideró indispensable crear una ruta sobre las acciones inmediatas y a futuro que se debe de tomar desde el Ejecutivo para mejorar las condiciones de las carreteras y la infraestructura vial en Guatemala, por lo que propuso la aprobación de la Ley de Infraestructura como un punto clave establecer un rumbo.
“Está en manos del Congreso un proyecto de Ley que está dictaminada desde hace bastante tiempo y que sabemos que puede ser sujeta de mejoras, pero que se cree un marco jurídico que permita mejorar las condiciones… la propuesta da salida para muchos de los problemas en Guatemala, es una falta de prioridad que deben de subsanar, se requiere y es urgente”, dijo Girón.
Además, las obras detenidas por litigios legales es otra preocupación del sector empresarial, quienes consideran urgente que se cree un mecanismo que permita continuar con las construcciones que están detenidas por procesos legales.