En el estudio, se evaluaron 30 entidades, las cuales representan el 83% del presupuesto total destinado a la infraestructura pública del país en el periodo 2018-2022.
En un esfuerzo continuo por promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de infraestructura, la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST) de Costa Rica ha dado un paso significativo al implementar el segundo Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI) en el país durante el año 2023. Este reporte trabaja como una herramienta fundamental que evalúa de manera exhaustiva cuatro dimensiones clave, permitiendo así una evaluación integral del panorama de la transparencia en proyectos de obra pública.
En el estudio, se evaluaron 30 entidades, las cuales representan el 83% del presupuesto total destinado a la infraestructura pública del país en el periodo 2018-2022. Además, se examinó una muestra representativa de 60 proyectos de alta relevancia desarrollados por estas instituciones durante el mismo periodo, ofreciendo una visión completa y detallada del panorama de la transparencia en el sector.
El informe del ITI 2023 revela una mejora ligera con respecto a su predecesor. Aunque el país ha avanzado, aún se observan oportunidades de mejora en aspectos cruciales como el acceso a la información de proyectos de obra pública y la consolidación de capacidades y procesos institucionales.
La Comisión Nacional de Emergencias encabeza el ranking del ITI 2023 con un destacado puntaje de 90, seguida de la Universidad Estatal a Distancia con 77 y la Refinadora Costarricense de Petróleo con 75. El puntaje promedio de las 30 instituciones evaluadas es de 53 sobre 100, lo que denota una mejoría de 5 puntos respecto al primer ITI en 2021. Esta mejora sugiere la existencia de buenas prácticas en ciertas instituciones, no obstante, se resalta la urgencia de perfeccionar los estándares a nivel nacional.
Las conclusiones más notables del informe aborda las áreas de ambiente facilitador, capacidades y procesos, participación ciudadana, y divulgación de información. En la dimensión de ambiente facilitador, se identifican deficiencias en la normativa que regula la divulgación de información, lo que conlleva a la falta de homogeneidad y cobertura completa de datos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.
Por su parte, las capacidades y procesos han experimentado mejoras en el conocimiento de la transparencia por parte de las instituciones, aunque persiste un desconocimiento en cuanto a estándares de datos que facilitan la divulgación de información. En este ámbito, se recalca la necesidad de establecer procedimientos institucionales para la publicación proactiva de información y la atención a solicitudes ciudadanas.
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La dimensión de participación ciudadana revela la falta de un enfoque inclusivo en los proyectos de obra pública, limitando así la posibilidad de enriquecer los proyectos con la contribución de la ciudadanía en diversas etapas. Los resultados también evidencian la escasez de mejoras en respuesta a la participación ciudadana.
Finalmente, en lo que respecta a la divulgación de información, el informe destaca la limitada publicación de detalles clave en proyectos de obra pública, como estudios de impacto ambiental, presupuesto total y fuentes de financiamiento. Una carencia preocupante es la falta de información sobre cambios en contratos de obra y sus justificaciones, un factor crítico en la prevención de la corrupción.
Las recomendaciones del ITI apuntan a la adopción del estándar de datos OC4IDS en todos los procesos de infraestructura pública, la creación de una plataforma digital integral y la implementación de un plan de difusión y capacitación para funcionarios y ciudadanos.