Transparencia avanza en el inicio de los proyectos, pero se retrocede en la ejecución
- Eduardo Cubillo
- hace 8 horas
- 4 min de lectura
El Informe de Revisión Independiente 2026 evaluó un universo de 83 proyectos costarricenses de infraestructura pública en sectores como transporte, educación, salud y seguridad
Costa Rica ha mostrado progresos significativos en la divulgación de información sobre proyectos de infraestructura pública; sin embargo, el país aún enfrenta importantes desafíos para garantizar la calidad, consistencia y trazabilidad de esos datos a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras. Durante las etapas de construcción se mantienen de forma recurrente sobrecostos, atrasos y trabas para acceder a información clave.
El diagnóstico abarcó un universo de 83 proyectos desarrollados por el Gobierno Central. De ese total, la evaluación analizó la divulgación de 30 iniciativas y realizó un análisis en profundidad a 10 de ellas, incorporando además un análisis específico de sostenibilidad en cinco obras clave.
El estudio se desarrolló con el respaldo del Grupo Multisectorial de CoST Costa Rica, integrado por entidades como MIDEPLAN, el MOPT, el Ministerio de Hacienda, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el LanammeUCR, la Cámara Costarricense de la Construcción y organizaciones de la sociedad civil como Costa Rica Íntegra. El informe, que evaluó 67 indicadores estandarizados de divulgación de información, identificó que, si bien las instituciones públicas muestran un cumplimiento inicial aceptable en las fases preliminares, la rendición de cuentas cae drásticamente durante la ejecución y la entrega de las obras.
Entre los proyectos analizados destacan la Protección fluvial Balsar–Térraba (CNE), la Escuela Barrio Limoncito (MEP) y las Rutas Pococí, las cuales registraron un 0% de divulgación de datos durante su etapa de construcción. Asimismo, la precisión global de la información de acceso público apenas alcanzó un 74%.
Estíbaliz Pérez Pérez, Country Manager de CoST Costa Rica, afirmó que la Revisión Independiente es mucho más que un ejercicio de evaluación: es una herramienta internacional que permite generar evidencia objetiva para identificar avances, reconocer oportunidades de mejora y fortalecer la gestión de la infraestructura pública.
"La transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir instituciones más sólidas, generar confianza y asegurar que cada proyecto de infraestructura produzca el mayor valor posible para la ciudadanía", enfatizó Pérez.
El reporte técnico confirma que las deficiencias en la planificación previa y los trámites burocráticos continúan encareciendo y retrasando las obras públicas del país. En la muestra analizada, los proyectos registraron un sobrecosto promedio del 19% y un retraso promedio del 50% en sus plazos de entrega.
Entre las obras con mayores incrementos presupuestarios destacan:
Paso a desnivel Hatillo 6 (CONAVI): +51% de sobrecosto.
Taludes Plantel Anonos (CNFL): +50% de sobrecosto.
Protección fluvial Río Cañas (CNE): +38% de sobrecosto.
De acuerdo con el informe, la mitad de estos sobrecostos (50%) se debe directamente a fallas en la etapa de preinversión, estudios previos deficientes o errores que obligaron a realizar rediseños sobre la marcha.
En cuanto a los tiempos de ejecución, los proyectos con mayores retrasos reportados fueron:
Tierra Prometida – Bono Comunal (MIVAH): +283% de atraso.
Puesto Fronterizo Peñas Blancas (COMEX): +121% de atraso.
El estudio indica que el 26% de estos retrasos respondió a cuellos de botella en la tramitología administrativa y la gestión de los contratos por parte de las propias entidades estatales.
El informe incluyó una evaluación piloto sobre sostenibilidad y resiliencia climática bajo el marco del BID y Brookings Institution. Los resultados encendieron alarmas sobre la vida útil de la infraestructura pública en Costa Rica: la sostenibilidad desaparece una vez inaugurada la obra.
El análisis reveló que el 100% de los proyectos evaluados cayó a un 0% de divulgación en temas financieros, sociales y de financiamiento climático al entrar en la fase de Operación y Mantenimiento (O&M). El Estado no transparenta ni publica los presupuestos destinados al mantenimiento preventivo de las obras, ni tampoco realiza un seguimiento sobre su impacto ambiental o comunitario a largo plazo.
Respaldos del sector técnico
Especialistas de diversos sectores recalcaron la pertinencia del informe para vigilar el correcto uso de los fondos estatales. La Ing. Ana Luisa Elizondo Salas, coordinadora general del Programa de Infraestructura del Transporte del LanammeUCR, destacó que este análisis proporciona una herramienta técnica e independiente consistente con las labores de fiscalización de la infraestructura vial asignadas al laboratorio por la Ley N.° 8114.
En esa misma línea, el Ing. Javier Chacón Hernández, director ejecutivo a.i. del CFIA, recordó que la institución apoya a CoST desde 2018 para promover estándares internacionales de contratación. "Este esfuerzo forma parte de nuestra visión de contribuir a una infraestructura pública más transparente, eficiente, sostenible y orientada a generar mayor valor para la ciudadanía", concluyó.
CoST Costa Rica sintetizó que el desempeño de la infraestructura nacional sigue estando severamente limitado por la falta de procesos integrados y la dependencia de voluntades individuales o informales entre funcionarios, en lugar de contar con un sistema interinstitucional institucionalizado que garantice la transparencia de principio a fin.