Por: Gillio Alessandro Francesa Campos, Director de Planificación Urbana de la Municipalidad de Montes de Oca.
“Yo no vide más de una casa, la cual dijeron ser del cacique…” decía Juan Dávila de su llegada -con Juan Vázquez de Coronado- al pueblo de Aserrí, en 1596. Carlos Benavides explica que los exploradores se encontraron con una población “escasa y dispersa dentro del Valle Central” con un “carácter diluido” y una “gran proliferación de estructuras administrativas”, lo que “determinó que fuera difícil que se constituyera un estado fuerte, fundado sobre tributos y el urbanismo, como sí sucedió dentro de la sociedad azteca e inca.” (Revista de Estudios UCR, 1985).
La reducida población, el asentamiento basado en ranchos dispersos y el uso extensivo de los recursos naturales, facilitó el proceso de subyugación para los españoles, quienes a modo de mofa, perpetuaron la frase “más caciques que indios”, para referirse a las dificultades de coordinación entre los indígenas que terminaron por garantizar su derrota.
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4o24 años más tarde, los habitantes del Valle Central seguimos enfrentando grandes retos en torno a los tributos y el urbanismo. Mientras nos preparamos para elegir las 186 regidurías que -durante los próximos cuatro años- dictarán las distintas medidas de ordenamiento urbano en los 31 cantones de nuestra Gran Área Metropolitana (GAM), es prudente meditar sobre las implicaciones cotidianas del esquema geopolítico que heredamos de Pacara, el Guarco y Garabito, y si este es congruente con nuestra realidad actual o debe cambiar.
Es imposible evitar las comparaciones con el pueblo Huetar. La GAM tiene una población pequeña si se compara con otras ciudades latinoamericanas, pero es una gran (¡gran!) área metropolitana si se analiza en función de su consumo de territorio y recursos naturales; tan extensa como Bogotá, São Paulo o Ciudad de México, pero dividida entre 31 realidades administrativas y casi 200 tomadores de decisiones.
Otras ciudades de la región con una escala territorial similar operan de forma más eficiente:
Bogotá -con sus 7,3 millones de habitantes- tiene solo 45 regidurías.
La Ciudad de México (8,5 millones de habitantes) tiene 66 congresistas.
São Paulo (11,3 millones de habitantes) tiene 55 vereadurías.
En promedio, las grandes ciudades latinoamericanas eligen un representante por cada 165.000 habitantes, mientras el GAM uno por cada 11.000. El producto inevitable de esto es bien conocido: infraestructuras troncadas, congestionamientos hasta donde alcanza la vista, ríos ahorcados, asentamientos informales fuera de control y una tramitología compleja y engorrosa.
Nuestras “mini-cipalidades” tienen una escala adecuada para prestar algunos servicios básicos -como la recolección de desechos, limpieza de vías o mantenimiento de parques- pero definitivamente, la planificación del territorio urbano les queda grande.
¿Necesitamos replantear la división administrativa del territorio? Probablemente, pero aún nos quedan algunos trucos debajo de la manga. Los artículos 63 y subsecuentes de nuestra Ley de Planificación Urbana (LPU) plantean una estructura con el potencial de unificar nuestra ciudad: La Oficina de Planeamiento del Área Metropolitana de San José (OPAM).
Desde 1968 nuestros legisladores idearon este órgano intermunicipal adscrito al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Está conformado por técnicos de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, los Municipios del Área Metropolitana y los Ministerios de Transportes, Educación y Salud.
La OPAM cuenta con una fuente de financiamiento estable e independiente de los fondos del Ministerio de Hacienda, gracias al aporte del 1% del presupuesto anual de las municipalidades de San José, Escazú, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y cualquier otra municipalidad aledaña que acuerde prestar este servicio de forma permanente (Art. 62).
Los productos de planificación generados por este servicio -a diferencia del PRUGAM y el POTGAM- adquieren fuerza de Ley (Art. 64) lo cual garantiza su aplicación inmediata.
A pesar de todas estas facilidades, la OPAM nunca ha operado. Ninguna de las instituciones involucradas ha accionado la constitución de la oficina, sino que cada una ha procurado una actuación territorial segregada, dispersa y diluida, como ha sido la costumbre de los habitantes de este valle, desde tiempos sin memoria.
¿Podremos superar el legado urbano de nuestros ancestros y unir nuestras realidades fragmentadas?