Tecnología, abre oportunidades para mejorar el uso de los recursos públicos en infraestructura en Costa Rica
Ley 10.654 para la Mejora Tecnológica de las Contrataciones en materia de obra pública, promueve herramientas y metodologías para mejorar la planificación, ejecución y mantenimiento de las obras.
La incorporación de tecnología en la obra pública de Costa Rica puede ayudar a reducir desperdicios, mejorar la productividad y facilitar el control de las inversiones. La Ley 10.654 para la Mejora Tecnológica de las Contrataciones en materia de obra pública abre esta oportunidad para que el país aproveche mejor los recursos destinados a infraestructura y cuente con información más clara para administrar y supervisar sus proyectos.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), abordó este tema en la Cumbre de la Construcción Innovación 360 como parte de su trabajo técnico para promover mejoras en el desarrollo de las obras públicas.
Explican que la Ley establece el uso de tecnologías y metodologías adecuadas en las licitaciones mayores, según las necesidades y la disponibilidad presupuestaria de las instituciones. La normativa comprende desde la planificación y el diseño hasta la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras. “Esta ley genera un marco para la productividad y su implementación puede contribuir a un mejor aprovechamiento de los fondos públicos y a una mayor transparencia, con efectos positivos sobre la confianza de la ciudadanía en las inversiones del país”, afirmó David Aragón, presidente del BIM Forum Costa Rica, que forma parte de la CCC.
Estos beneficios tienen aplicaciones concretas por ejemplo:
Modelos digitales que permiten visualizar y coordinar información de una obra antes de su construcción
Drones que facilitan la supervisión de avances
Las metodologías de planificación colaborativa que ayudan a organizar el trabajo y reducir desperdicios.
La CCC destacó que para las instituciones, estas herramientas pueden facilitar el seguimiento de los proyectos y aportar información para tomar decisiones. Para las empresas, representan una oportunidad de mejorar la coordinación de sus equipos, ordenar la documentación y aprovechar los aprendizajes de una obra en las siguientes.
Desde la perspectiva del país, el aporte está en una gestión más eficiente de las inversiones y en una mayor capacidad para verificar cómo avanzan las obras y cómo se utilizan los recursos destinados a ellas.
Una de las características de la ley es su flexibilidad para incorporar distintas soluciones. Esto permite adaptar la selección a las necesidades de cada proyecto y a las alternativas disponibles en el mercado, con un listado de tecnologías y metodologías que la Autoridad de Contratación Pública debe actualizar anualmente. “Para implementar una tecnología, primero hay que pensar en procesos. Y para pensar en procesos, primero hay que pensar en personas”, señaló Aragón.
La capacitación permite que los equipos aprovechen las herramientas, desarrollen nuevas competencias y aporten mayor valor a los proyectos. En las instituciones públicas, esa preparación también resulta necesaria para definir los requerimientos de contratación, evaluar su cumplimiento y utilizar la información que generan las obras.
La CCC brindó acompañamiento técnico durante la elaboración de la ley y promueve la preparación del sector para su implementación. A través de la formación de talento acerca conocimiento y experiencias que permiten a empresas e instituciones identificar cómo aplicar estas soluciones.
Aragón reconoció que la adopción implica inversión y ajustes en la forma de trabajar. Por ello, el acompañamiento técnico y el cierre de brechas de capacitación son fundamentales para ampliar las oportunidades de participación de las empresas. Para la Cámara, el éxito de esta transformación debe reflejarse en obras mejor gestionadas y en un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos, con beneficios para las personas y las comunidades que dependen de esa infraestructura.
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