Costa Rica aprueba crédito por US$770 millones para carretera San José-San Ramón
- Maria Calero
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Su aprobación representa un avance significativo en materia de infraestructura, pero también deja en evidencia las limitaciones estructurales del país para ejecutar obras de gran escala.
Costa Rica dio un paso decisivo hacia la modernización de una de sus rutas más transitadas, pero el beneficio para miles de usuarios aún enfrenta un obstáculo clave: la falta de financiamiento para las expropiaciones necesarias. La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, con el voto unánime de 42 diputados, el expediente 25,183 que autoriza un crédito por US$770 millones para la ampliación y mejoramiento del corredor vial entre San José y San Ramón, sobre la Ruta 1.
Se trata de una de las obras de infraestructura más esperadas en el país, no solo por su impacto en la movilidad, sino por su potencial para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de miles de personas que utilizan esta vía a diario.
El financiamiento se divide en US$600 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y US$170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, lo que convierte este proyecto, de aproximadamente 56 kilómetros, en el más costoso y complejo en la historia reciente del país. Sin embargo, más allá del avance legislativo, el impacto directo en la población dependerá de un factor crítico: la ejecución de más de 500 expropiaciones necesarias para ampliar la carretera, un proceso que aún no cuenta con recursos dentro del crédito aprobado.
Para quienes transitan diariamente entre San José y el occidente del país, la ampliación de esta ruta representa una mejora tangible en su vida cotidiana. La actual carretera es conocida por sus altos niveles de congestión, lo que se traduce en largas horas en presa, mayores costos de transporte, desgaste vehicular y menor tiempo disponible para actividades personales o familiares.
Con la ampliación, se espera reducir significativamente los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de bienes y servicios, lo que podría impactar positivamente en sectores como el comercio, el turismo y la producción. Además, la obra tiene un efecto indirecto en la economía de los hogares, ya que una movilidad más eficiente puede traducirse en menores gastos en combustible y mayor productividad.
Según datos presentados durante la discusión legislativa, se requieren al menos 503 expropiaciones, con un costo estimado superior a los US$113 millones. Este monto no está contemplado dentro del crédito aprobado, lo que obliga al Gobierno a financiarlo con recursos del presupuesto nacional. Este punto generó preocupación entre los diputados, especialmente de oposición, quienes advirtieron que sin estos recursos la obra podría retrasarse o incluso estancarse.
El plan del Ejecutivo contempla realizar entre 100 y 120 expropiaciones por año hasta 2031, lo que implicaría una inversión promedio de US$28 millones anuales. Esto significa que los beneficios completos del proyecto no se verían de inmediato, sino de forma progresiva.
El texto aprobado incorpora mecanismos que buscan garantizar una mejor ejecución del proyecto, lo que también tiene impacto directo en la ciudadanía. Entre los cambios introducidos por los diputados destaca la obligación de utilizar tecnologías modernas para la planificación, construcción y supervisión de la obra, con el objetivo de asegurar eficiencia, sostenibilidad y transparencia.
Otro de los elementos clave del proyecto es que la entidad encargada podrá definir el material de construcción —asfalto o cemento— en función de criterios económicos, sociales y ambientales. Esta decisión tendrá un impacto directo en la durabilidad de la obra, los costos de mantenimiento y la calidad del servicio que recibirán los usuarios en el largo plazo.
La ampliación de la carretera San José-San Ramón forma parte de los proyectos prioritarios impulsados por el Gobierno y respaldados por el Congreso en las últimas semanas. Para los costarricenses, el impacto será claro: menos presas, mayor seguridad y mejor conectividad. Pero estos beneficios dependerán de que el Estado logre superar los retos pendientes, especialmente en materia de expropiaciones y ejecución presupuestaria. Por ahora, el proyecto queda a la espera de la firma del presidente de la República para su entrada en vigencia. A partir de ahí, comenzará una nueva etapa donde la promesa de una mejor carretera deberá traducirse en resultados concretos para la población.