Parques inundables, la infraestructura verde que protege a las ciudades chilenas
Estas obras funcionan como áreas verdes en épocas secas y, durante lluvias intensas, retienen y regulan las crecidas, lo que reduce el riesgo de aluviones e inundaciones urbanas.
Los parques inundables y las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) se consolidan en Chile como infraestructura crítica frente a eventos meteorológicos extremos. La discusión volvió a la agenda tras el aluvión en Las Condes cuando agua, barro y sedimentos arrastraron vehículos en el sector de San Carlos de Apoquindo. Entre los factores asociados figuran el incendio forestal del verano, que dejó los cerros sin vegetación capaz de retener el agua, y lluvias con una isoterma cero elevada.
Un parque inundable es un espacio público que, en condiciones normales, opera como área de recreación. Sin embargo, ante precipitaciones intensas se transforma en un canal retenedor que contiene y ralentiza las crecidas antes de que alcancen zonas residenciales.
El principal referente del país es el Parque Intercomunal Inundable Víctor Jara, proyectado originalmente como Parque Inundable Zanjón de la Aguada. La obra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) regula las aguas lluvias del Zanjón de la Aguada y protege a sectores históricamente afectados por sus desbordes. Además, suma 41 hectáreas de áreas verdes para las comunas de San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Macul y Santiago.
A esta experiencia se agrega el Parque Inundable Claudio Arrau, en Pudahuel. El proyecto busca terminar con los anegamientos históricos de la Ruta 68 con cerca de tres hectáreas de áreas verdes y una inversión estatal aproximada de $8.000 millones.
Junto a los parques de amortiguación hídrica, coexisten iniciativas públicas, privadas y mixtas. Una de ellas es el plan Stgo+ Infraestructura Verde, surgido en 2017 desde la Universidad de Chile y el Serviu Metropolitano. Junto a instituciones públicas y de la sociedad civil, el plan articula corredores ecológicos y cerros isla en el Gran Santiago.
En el ámbito estatal, el Ministerio del Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzaron en 2024 la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde. Asimismo, la Ley 21.202 de Humedales Urbanos obliga a incorporar estos ecosistemas en los instrumentos de planificación territorial, ya que cumplen funciones de filtración natural y control de crecidas. A febrero de 2026, el país sumaba al menos 147 humedales urbanos declarados.
En el sur, en tanto, Llanquihue y Puerto Varas impulsan la restauración de quebradas y humedales para el drenaje natural de la lluvia. Por su parte, el sector privado incorpora techos verdes, jardines de infiltración y sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en proyectos inmobiliarios y campus universitarios.
Pese a la efectividad de estas soluciones, su expansión enfrenta un desafío de financiamiento. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) una disminución de 29,5% en la línea de Resiliencia Urbana, que pasa de US$99.791 millones a US$70.382 millones. En paralelo, el programa de Parques Urbanos se reduce un 8,8%, hasta US$82.393 millones.
Estos ajustes inciden en los recursos para financiar y mantener parques inundables, corredores biológicos y sistemas de drenaje natural. En ese contexto, el exministro del Medio Ambiente Marcelo Mena planteó que las obras públicas deben incorporar criterios de adaptación y usar "los sistemas naturales para protegernos de estos desastres, como los humedales urbanos". De esta manera, la emergencia en Las Condes sitúa a la infraestructura verde en el centro de la discusión presupuestaria que se desarrolla en el Congreso.
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