El desmedido incremento en los materiales de construcción y sumar la encarecida mano de obra.
Con un déficit estimado de 2.45 millones de viviendas en Guatemala, y los materiales de construcción a precios inaccesibles, la población afectada se ve obligada a cohabitar en asentamientos en condiciones de miseria.
La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Pública del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, registra e identifica unos 800 asentamientos precarios a nivel nacional, en terrenos marginales, ubicados debajo de puentes, orillas de ríos y laderas de barrancos. Sólo en el departamento de Guatemala, 60 están ubicados en áreas denominadas de “alto riesgo”.
A esa precariedad, hay que sumar el desmedido incremento en los materiales de construcción y sumar la encarecida “mano de obra”, al punto que maestros de obra, albañiles y ayudantes, cotizan su trabajo por “metro cuadrado”.
Con precios desmedidos aplicados por las ferreterías y distribuidoras de materiales de construcción en todo el país, casi dos millones de familias en el área rural, y 50 mil que habitan en cinturones de pobreza de las áreas urbanas, encuentran imposible aspirar a la compra de una vivienda digna.
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El desempleo, la pobreza extrema y la ausencia de políticas de Estado y de gobierno para asistir a millares de niños, madres solteras, jóvenes y adultos mayores, las familias se ven en la necesidad de arriesgar su vida al habitar en zonas denominadas de “alto riesgo”, y a ocupar tierras ociosas.
Por otro lado la pandemia por Covid-19, y la invasión de Rusia a Ucrania, presionan al alza los materiales de construcción; sin embargo, en la coyuntura actual en la que el Ejecutivo y diputados oficialistas del Congreso negocian el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el 2023, deben asignar recursos para atender la urgencia de vivienda a fin de evitar que las familias expongan sus vidas en asentamientos precarios y a orillas de ríos.